Igoldi recomendó a la fiscalía de Estado recuperar las parcelas del Perito Moreno.
VIEDMA (AV).- Por la presunta
venta irregular de tierras fiscales en el cerro Perito Moreno de El
Bolsón fueron procesados el exministro de Producción, Juan Accatino, y
el exdirector de Tierras, Daniel Tait. El juez penal de Viedma Favio
Igoldi les atribuyó "fraude a la administración pública por
administración fraudulenta agravada en concurso ideal con incumplimiento
de los deberes de funcionario público".
Por otra parte pidió al fiscal que se investigue a los funcionarios de la Fiscalía de Estado de la provincia que intervinieron en el trámite de adjudicación de las tierras y dio intervención a ese organismo para que analice la posibilidad de reintegrar a Río Negro las parcelas fiscales indebidamente adjudicadas y vendidas.
La resolución detalló que los hechos habrían ocurrido en Viedma, en el ámbito de la dirección de Tierras que dependía del ministerio de Producción, entre julio y octubre 2009. La denuncia penal que inició la causa incluyó parcelas ubicadas en la Pampa de Ludden, Mallín Ahogado, "cuyas tramitaciones y adjudicaciones en venta habrían sido irregularmente estipuladas por el entonces gobernador, Miguel Saiz; el exministro Accatino y los exfuncionarios del área Jorge Belacín y Daniel Tait a Mirta Soria, beneficiaria de la adjudicación en venta por exiguos montos respecto del valor real de las tierras y que rápidamente las habría enajenado a favor de Maximiliano Mazza para "Laderas del Perito Moreno", quienes habrían resultado ser los verdaderos interesados en atribuirse la propiedad para luego insertarla en el mercado inmobiliario, contraviniendo la función social y productiva que se procura con su adjudicación, provocando un perjuicio patrimonial al erario público provincial".
El juez valoró que "en ese contexto Saiz, Accatino, Belacín y Tait, no obstante conocer cada adjudicación y las circunstancias de las reventas de los predios rurales en virtud del derecho de preferencia que la ley confiere al Estado provincial, habrían validado el proceso inaplicando las disposiciones normativas que impiden enajenar los inmuebles antes de los cinco años de su adjudicación. Tal accionar ilegítimo lo habrían materializado en connivencia con los particulares a fin de obtener un beneficio económico para ambos, permitiendo la adjudicación a personas que exhibían incompatibilidades para acceder a esa propiedades". Además dictó la falta de mérito para procesar y sobreseer a los particulares Mirta Soria, Maximiliano Mazza y al exfuncionario Jorge Belacín.
Para Igoldi, Tait (quien firmó la adjudicación y dio por cumplidas obligaciones) participó como uno de los responsables del "manejo de la cosa pública" y Accatino, mediante el acto de escrituración, "participó consumando el perjuicio del erario público, pues teniendo conocimiento de las irregularidades permitió que la disposición perjudicial e ilegal se consumara". Al defenderse en la indagatoria, "Accatino dijo que nunca había mirado los expedientes administrativos antes de firmar una escritura; afirmación que en lugar de eximirlo en la participación del evento delictual lo confirma (...), ya que como cabeza del ministerio (...) debió ser él quien más se interesara en que toda transmisión se efectuara dentro del debido marco legal", valoró Igoldi.
Por otra parte pidió al fiscal que se investigue a los funcionarios de la Fiscalía de Estado de la provincia que intervinieron en el trámite de adjudicación de las tierras y dio intervención a ese organismo para que analice la posibilidad de reintegrar a Río Negro las parcelas fiscales indebidamente adjudicadas y vendidas.
La resolución detalló que los hechos habrían ocurrido en Viedma, en el ámbito de la dirección de Tierras que dependía del ministerio de Producción, entre julio y octubre 2009. La denuncia penal que inició la causa incluyó parcelas ubicadas en la Pampa de Ludden, Mallín Ahogado, "cuyas tramitaciones y adjudicaciones en venta habrían sido irregularmente estipuladas por el entonces gobernador, Miguel Saiz; el exministro Accatino y los exfuncionarios del área Jorge Belacín y Daniel Tait a Mirta Soria, beneficiaria de la adjudicación en venta por exiguos montos respecto del valor real de las tierras y que rápidamente las habría enajenado a favor de Maximiliano Mazza para "Laderas del Perito Moreno", quienes habrían resultado ser los verdaderos interesados en atribuirse la propiedad para luego insertarla en el mercado inmobiliario, contraviniendo la función social y productiva que se procura con su adjudicación, provocando un perjuicio patrimonial al erario público provincial".
El juez valoró que "en ese contexto Saiz, Accatino, Belacín y Tait, no obstante conocer cada adjudicación y las circunstancias de las reventas de los predios rurales en virtud del derecho de preferencia que la ley confiere al Estado provincial, habrían validado el proceso inaplicando las disposiciones normativas que impiden enajenar los inmuebles antes de los cinco años de su adjudicación. Tal accionar ilegítimo lo habrían materializado en connivencia con los particulares a fin de obtener un beneficio económico para ambos, permitiendo la adjudicación a personas que exhibían incompatibilidades para acceder a esa propiedades". Además dictó la falta de mérito para procesar y sobreseer a los particulares Mirta Soria, Maximiliano Mazza y al exfuncionario Jorge Belacín.
Para Igoldi, Tait (quien firmó la adjudicación y dio por cumplidas obligaciones) participó como uno de los responsables del "manejo de la cosa pública" y Accatino, mediante el acto de escrituración, "participó consumando el perjuicio del erario público, pues teniendo conocimiento de las irregularidades permitió que la disposición perjudicial e ilegal se consumara". Al defenderse en la indagatoria, "Accatino dijo que nunca había mirado los expedientes administrativos antes de firmar una escritura; afirmación que en lugar de eximirlo en la participación del evento delictual lo confirma (...), ya que como cabeza del ministerio (...) debió ser él quien más se interesara en que toda transmisión se efectuara dentro del debido marco legal", valoró Igoldi.
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